De Champanes Caros y Resacas

Diez de la mañana de un día de marzo de 2011. Tres decenas de autobuses provenientes de todos los municipios de la provincia llegan al aeropuerto de Castelló. Una estatua de 24 metros y 33 toneladas les da la bienvenidad en la glorieta de entrada. Los autobuses abren las puertas y los 2.000 pasajeros, en su mayoría pensionistas, bajan desorientados, algunos aún con el bocadillo en la mano.

Carlos Fabra toma la palabra: "Hay quienes dicen que estamos locos al inaugurar un aeropuerto sin aviones, pero no han entendido nada. Durante el próximo mes y medio cualquier ciudadano que lo desee podrá visitar la terminal o caminar por las pistas de aterrizaje, algo que evidentemente no podrían hacer si fueran a despegar o aterrizar aviones." Un poco más atrás, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, aplaude y asiente convencido: "Carlos... ¡eres un visionario!" Fabra se despide: "Ciudadanos de la provincia aquí tenéis vuestro aeropuerto".

Pues bien, la Comunitat Valenciana no sólo ostentó el privilegio de inaugurar el primer aeropuerto sin aviones de España, sino que además fue pionera en Europa en aventurarse a poner en marcha un modelo de gestión privada de la sanidad como es la concesión administrativa del Hospital de Alzira. Esta forma concesional consiste en adjudicar la asistencia sanitaria especializada del Servicio Valenciano de Salud para la comarca de La Ribera (Alzira) a una Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por la aseguradora privada Adeslas (51%), un grupo de cajas de ahorros (45%) y empresas constructoras (4%).

En la revisión de distintos artículos que han estudiado este tipo de Colaboraciones Público Privadas (CPP) se ha llegado a la conclusión de que aunque la utilización de CPP en sanidad a nivel internacional es creciente, no hay todavía respuesta a las cuestiones de eficiencia, efectividad y aún de su conveniencia [1]. Es razonable cuestionarse la posible superioridad de estos modelos en otros países Europeos, pero en el contexto que hemos retratado más arriba los resultados eran previsibles.

Para empezar, tenemos al entonces presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra,  entre rejas desde 2014 y un aeropuerto inaugurado sin aviones gestionado por Aerocas, una sociedad pública  de la que Fabra es el actual presidente. Y en materia de sanidad, una concesión administrativa que carece de transferencia real de riesgos a la UTE que gestiona el hospital, con un similar gasto por habitantes y calidad asistencial en comparación con centros públicos de la Comunitat Valenciana [2]. Concesión que casualmente se adjudicó a la empresa cuyo presidente es hermano del ex-consejero de justicia del gobierno de Francisco Camps.

Y es que Fabra, después de todo, tenía razón: No habíamos entendido nada. Que lástima que Berlanga ya no se encuentre entre nosotros para poder plasmar en una de sus enormes cintas este tipo de escenas que nos han sido tan cotidianas. Quizá dentro de unos años podríamos revisar su contenido y desternillarnos con sus hilarantes escenas, pero hoy por hoy aún es demasiado pronto. Porque para que ellos vivan por encima de nuestras posibilidades, nosotros tenemos que vivir por debajo de nuestras necesidades. Para que unos beban champán de 3.000 euros la botella, otros tienen que servirlo. Ellos se emborrachan, nosotros sufrimos la resaca. 

Enlaces de interés:

[1] Torchia MT, Calabro A, Morner M. (2013): "Public-Private Partnerships in the Health Care Sector: A systematic review of the literature", Public Management Review.

[2] Martín Martín JJ, López del Amo González MP, Cabasés Hita JM. (2015): "La empresa pública en la Sanidad. Prestación de Sanidad Pública por Hospitales y Ambulatorios Privados.